lunes, 23 diciembre 2024
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Altos precios de trámites incrementa la ilegalidad en Lara

Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- Abogados, profesionales, técnicos y gremios de Lara se concentraron y se unieron al amparo para pedir al Gobierno nacional que derogue la modificación aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial N° 6.668, la cual establece que trámites legales mercantiles y civiles en los registros y notarías queden anclados al valor del petro, lo cual obliga al usuario a la ilegalidad y a recurrir a realizar trámites privados por el alto precio que tendrán que pagar.

El doctor, José Gregorio Camejo, explicó que trámites sencillos como una reserva de nombre para una empresa en la cual se pagaban Bs.D. 0.90, anclado al petro pasó a costar 60 dólares, lo que representa una catástrofe, pues la mayoría de los usuarios no podrían pagar para legalizar, ya que un petro a precio del Banco Central (BCV) tiene un costo de 56 dólares.

«Estamos en contra del aumento exorbitante que ha establecido la Asamblea Nacional con relación a la gaceta que propaga al aumento drástico en base al petro, que es inconstitucional porque no aparece en la Constitución como la moneda de nuestro país», dijo Camejo, señalando que este rechazo se está replicando a nivel nacional, en función a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie ante este hecho.

Por su parte, el abogado, Gustavo Escalona, resaltó que otro de los trámites que también afectaría en gran manera al usuario es con el traspaso de vehículos, debido a que este puede llegar a costar hasta 750 dólares.

«Con la nueva reforma hay un estimado que va desde un petro hasta 10 petros…esto limita al sector venezolano a constituir empresas a hacer su saneamientos de ley correspondientes para obtener una propiedad, hacer compra venta de vehículos, muebles e inmuebles, por esos nos unimos a los amparos que se han constituido a nivel nacional», aseguró Escalona.

Los abogados resaltaron que esta medida no sólo afecta al usuario que tendrá que recurrir a trámites privados y sin legalidad, sino también a los abogados y gestores que viven con los trámites que se realizan diariamente en registros y notarías, por lo que esperan que al pasar los 90 días que se establecen con la ley la gaceta quede sin efecto.

 

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