Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- «Tenemos un estado policiaco que busca infundir temor. En todas las manifestaciones hay presencia de funcionarios de seguridad, colocan los piquetes ya sean visibles o infiltran funcionarios«. Así lo denunció Alfredo Ramos, dirigente nacional del partido La Causa R en Lara, al criticar que se mantenga una política de «persecución» contra quienes ejercen su derecho a la protesta y denuncian el deterioro en la calidad de vida.
Y es que según la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en el primer semestre de 2022 se registraron al menos 300 casos de persecución. De esa cifra, la organización señala que 27 actos fueron contra la población en general.
«Ahora la dictadura es más selectiva y se enfoca en perseguir a los dirigentes de las protestas, cosa que no ocurría en los años 2014-2017», dijo Ramos, quien aseguró que más que brindar seguridad, el Estado ha intentado infundir miedo.
Desde su experiencia en las manifestaciones en las comunidades, señala que los organismos de seguridad están siendo utilizados para violentar el derecho ciudadano, tomando en cuenta que las últimas protestas realizadas en el estado Lara y el resto del país han estado acompañadas de piquetes de seguridad de los diferentes cuerpos policiales.
El politólogo, Germán Aponte, aseguró que esta práctica que tiene el Gobierno nacional para evitar la protesta es realizada porque las mismas muestran que el Estado no tiene un buen manejo de las políticas públicas para mantener satisfechas las necesidades de los habitantes.
«Se intimidan a las personas para que eviten asistir a las manifestaciones porque pueden pensar si voy me puede pasar algo, las manifestaciones lo que hacen es mostrar que el Estado no se está encargando de cubrir las necesidades de los ciudadanos, es por ello que el mal manejo de las políticas públicas hacen que se generen este tipo de acciones», dice.
Esta represión no sólo ha sido hacia los dirigentes vecinales o políticos que comandan los reclamos, sino también a los medios de comunicación, a quienes en algunas ocasiones se les impide hacer su trabajo al llegar a los sitios donde hay manifestaciones.
Tal como ocurrió el pasado lunes en una protesta de jubilados de Corpoelec, quienes para consignar un documento pidieron a los medios documentar la información, pero la seguridad interna de la empresa impedía el acceso a los periodistas de Crónica Uno, El Impulso y La Prensa.
Una acción que fue rechazada por el sindicato de Corpoelec, puesto que se violentan los derechos de los medios y de los trabajadores que buscan exponer las carencias a las que han sido sometidos.