Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Empresarios del país comenzaron la carrera para sacar cuentas con la finalidad de cumplir con el pago de las utilidades de fin de año o el denominado aguinaldo, a pesar que contabilizan seis meses de cuarentena, laborando tan sólo una semana por la radicalización que aplica el gobierno. Representantes de cámara económicas en Lara auguran un diciembre sombrío para comercios e industrias que se han mantenido cerradas por no ser autorizadas en laborar, y también para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que registran saldos financieros en rojo porque a duras penas han tenido capacidad para mantener algo de inventario.
«Es un nuevo reto para los empresarios porque la intención es poder cancelar aguinaldos que no sean una gota en un vaso de agua», soltó Giorgio Reni, presidente de Fedecámaras en la entidad. Destacó que la mayoría de los trabajadores del sector privado ganan salarios muy por encima del sueldo mínimo, pero no a través del incremento de su sueldo en cuarentena, sino que empresarios han entregado bonos de productividad que en nada influyen en la cancelación de las utilidades o prestaciones sociales.
«Cancelar unos aguinaldos de acuerdo al salario mínimo que son 800 mil bolívares (sueldo base más cesta ticket), no sería un problema, la dificultad se presenta cuando una persona gana unas 10 veces por encima de ese monto o incluso más. Muchos harán de tripas corazón para saldar este compromiso. Compensarán sobre todo al personal más productivo o al más antiguo, como un estimulo para que se mantengan laborando a pesar de la crisis que afecta a todos las empresas del país», argumentó Elías Bessis, presidente de la Cámara de Importadores de Repuestos Automotores (Cidralara).
Según lo establecido en la Ley del Trabajo el monto mínimo que pueden pagar las empresas en utilidades son 30 días del salario, a excepción de las personas que tengan menos de un año laborando. Sin embargo, Bessis argumenta que el dilema que tienen los empresarios es determinar una bonificación justa, que tradicionalmente se comienza a cancelar en la primera semana de noviembre, para que la hiperinflación no la vuelva «sal y agua». Comentó que el sector privado también tiene el temor de que el gobierno incremente el salario mínimo en el último trimestre del año, por ser electoral.
Exigen cambio
Tanto Bessis como Reni indican que la economía del país no se puede sostener con semanas enteras de radicalización, donde sólo se le permite laborar en un horario reducido a las denominadas empresas prioritarias, de alimentos, medicinas o servicios públicos.
«Científicamente no se ha comprobado en Venezuela que las semanas de racionalización de la cuarentena se contabilicen menos contagios de COVID 19, de hecho es justo el tiempo en donde se registran más aglomeraciones en comercios porque laboran en un horario reducido», expresó.
Bessis comentó que la decisión más racional puede tomar el gobierno para fin de año es eliminar el esquema de cuarentena 7+7 que impone desde mayo, y permitir que todos los sectores laboren bajo protocolos de bioseguridad como lo establece la Organización Mundial de la Salud.