Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- «¡Tendré que quedarme enterrada en la cama!», susurra con tristeza Maritza Pérez, cuya fractura de fémur ya le pide otra operación y a un año de penurias, usa la segunda silla de ruedas prestada. Su testimonio desviste esa tristeza e impotencia que carcome a las personas con discapacidad, cuando no tienen las condiciones mínimas para salir de casa. Les es un «milagro» surtir combustible como priorizados, sólo el Transbarca es la esperanza de un transporte público adecuado, pero sigue quedando corto y los trayectos son maratónicos con tanto agite sin rampas en las principales vías o algunos establecimientos. Es la sombra de la poca accesibilidad que afronta el aproximado de 129 mil registrados entre niños y adultos en Lara, quienes deben superar estas barreras físicas, así como la dificultad en formación y en la ocupación laboral, que terminó de acentuarse con la pandemia por covid-19.
Es un escenario que mueve la fibra, al entender a la discapacidad como una condición y que demanda asistencia sin condenar a un paciente en silla de ruedas a estar secuestrado en su casa, cuando tiene hasta derecho a disfrutar de una vida social.
Se trata de un panorama que lamenta Pascual Farnataro, miembro de la Asociación de Pacientes con Discapacidad en Lara, al confirmar ese estimado que supera los 129 mil en la región. Se queja de la falta de accesibilidad que hasta perciben en el esquema de vacunación contra el covid-19. «Nunca hubo prioridad», se queja de quienes prácticamente están condenados a prescindir del trato preferencial en las estaciones de servicio y de esa amplia data, sólo quedan fijos alrededor de 15 compañeros para equipar de combustible a la semana. Un detonante que los condena a horas de recorrido en sillas de ruedas o andaderas, para aquellos de dificultad motriz y que deben sortear entre los saltos de aceras hasta terminar con sus trayectos.
Aplaude la intención de la línea Transbarca que brinda espacios para discapacitados, pero apenas alcanza para dos pasajeros e igual exige la ayuda de un acompañante o voluntario. Un hecho que incomoda, al considerar si se ameritan varios trasbordos.
El soporte desde el marco legal, también es criticado en grado de orfandad por Marianny Linárez, dirigente regional en defensa de las personas con discapacidad, quien califica como letra muerta a la Ley Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. «Al leerlo, te sientes como en el país de las maravillas, pero la realidad es que no se cumple», señaló de esa deuda que se tiene con la libertad, accesibilidad y las mismas oportunidades como al resto de la ciudadanía.
Todo en apartados que recuerdan esos derechos a la educación con planteles adaptados, atención oportuna en salud, posibilidades en lo laboral con el 5% que se exige por nómina y hasta la pertinencia del espacio cultural o recreativo para un estilo de vida con calidad. Un escenario que grita por integración e inclusión en general.
Sobreviven
LA PRENSA vio de cerca ese esfuerzo que viven algunos discapacitados, sintiéndose atrapados hasta en sus propias residencias. Se llama a la señora Maritza Pérez y tarda en salir. A los pocos minutos, se asoma en su silla de ruedas, vistiendo una batica azul y empezando con un suspiro a manera de desesperación. A esta técnico radióloga, de 59 años, le cambió la vida desde el 4 de septiembre de 2020 y a más de un año, ya tuvo su primera intervención por fractura de fémur. Una experiencia que debe repetir, al necesitar una segunda operación.
Ella se aferra a la silla de ruedas prestada ya es la segunda y que debe entregar en los próximos días, por lo que también pide por una donación. Su esposo, Reinaldo Palmera, es el único apoyo porque no tuvieron hijos y hasta ha somatizado tanta angustia, manifiesta en su descompensación de valores que lo mantuvo decaído.
Ese martirio de Pérez se acentúa con las deficiencias en los servicios públicos. En su comunidad de Pueblo Nuevo, ella está entre las 30 familias afectadas a más de dos meses sin luz por la explosión del transformador y ni siquiera cuenta con agua, porque mantiene apilados varios envases plásticos de refrescos, los cuales suplen un pipote para el uso de la cocina.
Volver a pensar en las salidas para consultas médicas y exámenes preoperatorios, empieza a estremecerla. Un sacrificio que exige la dedicación de su esposo e implorar por la bondad de algún vecino que pueda tener combustible para trasladarla a los centros asistenciales. «Un Transbarca es muy forzado, porque tocan varios trasbordos. Siempre van llenos», señala de la capacidad de este transporte público. Otras unidades no están adecuadas, además que el estribo es muy alto.
Esfuerzo doble
Otro caso conmovedor es Josefa Gil, quien se aprecia a la inversa y conteniendo su cuerpo, al levantarse de la silla para empujarla hasta subir de la calle a la acera. Viene de un trayecto de tres cuadras hacia la casa de su hermano, pero el sudor se percibe en inmensas gotas brillantes que bajan desde su cuero cabelludo. Las secuelas del ACV fueron implacables y prácticamente la condenaron a depender de una ayuda. Su proceso es lento por los movimientos con sumo cuidado, casi a pérdida total de la visión y una molestia en el brazo que le impide coger impulso para rodar. Llama la atención, simplemente de verla sosteniendo a la silla de ruedas, como si fuese una andadera. Ella puja y supera ese vacío de rampas en su comunidad, resignándose a esta salida desde la vereda 4, sector Los Ranchitos de Pueblo Nuevo, al oeste de Barquisimeto.
Ella se ha consumido tres sillas de ruedas durante varios años con esta condición. «No me gusta estar sola y por eso me vengo», expresa con dificultad al llegar a la casa de su hermano Carlos, quien confirma que la dolencia del brazo y hasta la pérdida de la visión, fue luego de sufrir una caída.
A sus 73 años ha resistido a tanta precariedad, en una residencia que no le garantiza el suministro fijo de agua y electricidad ni el tratamiento constante para su enfermedad crónica de hipertensión, esa que podría generarle un tercer ACV y la pérdida de más facultades. Todo se le complica, al punto que sus consultas se limitan a la disponibilidad de un médico comunitario a domicilio.
En patineta
Perdió la cuenta de las patinetas que ha tenido. Israel Bolívar, a sus 40 años, se resignó a vivir con su discapacidad congénita, además de superar la soledad con la muerte de su madre hace dos años. Vive con tanta valentía, que conserva su sonrisa. En el piso están sus guantes carcomidos por lo caliente del asfalto para evitar dañarse las manos mientras se traslada sentado y esquivando hasta la imprudencia de conductores, que ignoran las cintas fluorescentes de ese chaleco que le regalaron sus vecinos.
Su único ingreso es de la reparación ocasional de electrodomésticos, y la práctica le dio la agilidad para maniobrar al subir las escaleras de nalgas y hasta apoyarse con la patineta en vertical para saltar hacia una silla y así poder alcanzar su cocina.
«He pasado varios sustos y sólo me protege Dios», exclama este hombre de fe que se congrega en la iglesia evangélica, quien se ha escapado de ser arrollado en la avenida Florencio Jiménez y hasta en el centro de Barquisimeto. Los trayectos largos en busetas o autobuses son tan forzados, que sólo la resistencia de sus brazos le permiten esa estabilidad para evitar caerse. La vida le enseñó a no depender de nadie y así lo entendió su corazón para no llenarse de frustración.
Ese ambiente pesado es la prueba a diario para los discapacitados, quienes sólo piden más atención y amparo para llevar una vida con normalidad.
Pueden ser útiles a lo laboral
De acuerdo al tipo de discapacidad pueden ser útiles en cualquier área de trabajo, es el recordatorio de Marianny Linárez, dirigente en defensa de este grupo, ante esa obligación del 5% en nómina que debe ser incluido hasta en el sector privado.
Es tanta la urgencia que lo ratifica Pascual Farnataro, desde la Asociación de Pacientes con Discapacidad de Lara, al reiterar lo delicado del mercado con la inoperatividad de algunas empresas y además de la exigencia de determinados perfiles, los cuales no pueden ser cubiertos frente a la poca accesibilidad de la formación en tiempo de pandemia por covid-19.
Recuerdan con nostalgia esa vinculación directa que tuvieron con la Alcaldía de Iribarren, con la Unidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, adscrito al Instituto de Desarrollo Social y que los reunía frecuentemente y servía de enlace para la ocupación, además de atención prioritaria en salud.
Las súplicas seguirán para dejar de ser visto al margen de la realidad y con el amparo de la protección estatal.
Con postulaciones y emprendimiento
La respuesta regional a ese vacío en lo laboral y deficiencias en lo formativo, llaman la atención al Consejo Estadal de Atención a Personas con Discapacidad en Lara (Ceapdis Lara), donde su titular, Luis Montes De Oca, confirma un plan de postulaciones permanentes e imparten talleres para que este grupo pueda ocuparse en algún oficio de provecho.
Mantienen la vinculación con los planteles educativos para discapacitados, sirviendo de enlace para casos de extrema necesidad. De allí, que refuerzan con el programa fijo «Taller de emprendimiento para personas súpercapacitadas y de condiciones extraordinarias», cuya identificación evita caer en etiquetas que encasillen en determinadas áreas.
Sin precisar la cantidad de beneficiados, explica que se trata de un incentivo para que puedan ocuparse desde casa o en lugares más accesibles, siendo una forma independiente de poder aprender acerca de la preparación de cloro y jabones líquidos, peluquería, barbería, entre otros. Además del respaldo con capital de la Gobernación de Lara, como un capital para arrancar un emprendimiento.
En materia de postulaciones, reciben el resumen curricular y carnet de discapacitado para ayudar a incorporar en organismos públicos o en empresas privadas. También han avanzado con 24 mil carnet renovados, a fin de terminar con las falsificaciones y siendo tan actualizados que están asociados al código QR.
Otro proyecto a corto plazo es la operatividad de la unidad médica para este grupo, a fin de ayudarles con ese control de salud en determinadas enfermedades crónicas.