María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- Abrir expedientes administrativos, perseguir y amedrentar a los trabajadores de salud y educación se convirtió en un cuento de nunca acabar. De acuerdo a los sindicatos, desde el 2016 se vienen aplicando estas medidas para los trabajadores que denuncian las irregularidades de su sector o exigen mejores condiciones laborales.
Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), afirmó que hasta el momento son 25 casos activos que les han levantado expedientes administrativos y les han suspendido el salario por denunciar la falta de insumos y alzar la voz. Agregó que de esos casos están incluidos enfermeras, camareras y demás personal de la salud, distribuidos entre el Seguro Pastor Oropeza, el Hospital Juan Daza Pereira, ubicado en la calle 50, y el ambulatorio Doctor Rafael Vicente Andrade en Barrio Unión.
Domínguez explicó que no se cumple el debido proceso a la defensa «porque son expedientes amañados, no hay un documento, sino que lo hacen verbal».
En el caso del sector educación, desde el 2019 tenían contabilizados 480 casos relacionados con acoso laboral en el sector educación, según lo afirmó Jesús Echeverría, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Lara (Sutelara). Contó que hasta el momento, el 80% de los casos se han resuelto a través de debates con las autoridades.
Echeverría detalló que esos casos tuvieron suspensión de sueldos, traslados inconsultos y expedientes administrativos amañados, todos relacionados porque el personal hace denuncias y críticas de la situación económica y laboral, en especial cuando inician el año escolar y no se reincorporan por las bajas condiciones que les brinda el Estado.
«En el 2020 y 2021 disminuyeron los casos», dijo Echeverría, detallando que actualmente quedan entre 70 y 80 casos sin resolver, pero que están en la mesa de debate para que queden resueltos.
Los sindicalistas añaden que esos sólo son casos en que los trabajadores hacen las denuncias de manera formal, porque aún hay muchos que por temor a represalias no las concretan y las dejan pasar.
Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), le hace un llamado a la Contraloría para que tome cartas en el asunto de todos esos casos, pues los trabajadores lo que hacen es decir la verdad y revelar lo que las autoridades de educación y salud no quieren que se haga público.