EFE | LA PRENSA DE LARA.- Desde que llegó a EE.UU. a finales de la década de 1980, dejando su natal Guanajuato (México), Martín Pineda no ha dejado de trabajar. En el campo, limpiando casas y ahora en una planta de embutidos. Le quedan pocos años para jubilarse pero, cuando lo haga, no tendrá acceso a una pensión. El motivo: la falta de un estatus migratorio.
Cientos de migrantes como él, de Latinoamérica y África, se manifestaron este martes frente a la Casa Blanca para exigir al presidente de EE.UU., Joe Biden, que cumpla con su promesa de campaña de ofrecer un estatus legal a los casi 11 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos.
«Ni en México ni aquí puedo recibir una pensión. Se me hace muy injusto vivir tantos años aquí y pagar impuestos (…) para que ahora me pague de esa manera este Gobierno», cuenta a EFE Pineda, que vive a las afueras de Chicago (Illinois).
A los pocos días de asumir su mandato en enero de 2021, Biden envió al Congreso un proyecto de ley que reformaba el sistema migratorio. Consiguió el apoyo de la Cámara Baja, entonces controlada por los demócratas, pero no cuajó en el Senado, donde los progresistas tenían y tienen la mayoría.
Ahora, con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, las posibilidades de que una propuesta favorable a los migrantes consiga la luz verde del Legislativo antes de que termine el mandato de Biden son escasas.
Los activistas y organizaciones como Voces Unidas Action Fund, que promovieron la marcha de hoy, son conscientes de ello, por lo que proponen al presidente usar su autoridad ejecutiva para dar estatus legal a diferentes grupos migratorios.
«Sabemos que es muy difícil, pero le pedimos que empiece con esos pequeños pasos que traerán mucha dignidad a la comunidad migrante», subrayó Elizabeth Castañeda, una activista de origen colombiano que ayudó a organizar la protesta.
Entre las medidas que presentan a Biden, las organizaciones quieren expandir el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para diferentes nacionalidades, al igual que la Salida Forzosa Diferida (DED, en inglés), una protección legal a la deportación.
«Sentimos que Biden nos ha fallado y la migración se ha vuelto injustamente una discusión de si es buena o mala, cuando este país se formó» gracias a ella, destacó la activista.
Incluso con la posibilidad de obtener un estatus legal humanitario, como el TPS o el ‘parole’ humanitario, las barreras como el idioma, el acceso a un abogado o los retrasos en el papeleo limitan y condicionan la vida de los migrantes en EE.UU.
«Sin un permiso de trabajo se hace difícil obtener dinero y mantener a nuestras familias (..) Muchas personas tampoco saben cómo procesarlo», relata a EFE Jokeivy Ferrer, un venezolano que llegó a EE.UU. hace un año.
Unos 10,5 millones de migrantes viven en EE.UU. sin un permiso migratorio, según un estudio de 2021 del Centro de Investigación Pew, con sede en Washington.
En ese año, el Gobierno estadounidense recibió unos 30.800 millones de dólares en impuestos por parte de las personas indocumentadas, según datos del American Community Survey, realizado por la Oficina del Censo de EE.UU.
Información: EFE, Washington, 14 nov.