Jesús Pérez | LA PRENSA de Lara.- La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves su informe actualizado sobre la situación de Venezuela, marcado por violaciones a la libertad de expresión y detención de líderes políticos, documentados por miembros de su Oficina en el país.& ;
Anteriormente, Bachelet había presentado en marzo de este año una actualización de investigación sobre Venezuela, en ese entonces había documentado tratos crueles contra privados de libertad, hostigamiento contra la partidos políticos e incluso, condenó la detención del diputado opositor Gilber Caro.
Además, se tiene previsto que el próximo 15 de julio la expresidenta chilena presente otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco.
Durante el presente informe Bachelet concluyó de la siguiente manera:
Saludó la cooperación del gobierno de Nicolás Maduro por permitir que su misión humanitaria visitara los estados Zulia, Bolívar, Lara y además 13 visita a once centros penitenciarios en el país.
Estuvo de acuerdo con el acuerdo entre el gabinete de Maduro y la administración del presidente encargado, Juan Guaidó, con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia por COVID-19.
Afirmó que en Venezuela aún persisten las violaciones a los derechos económicos y sociales, a causa de los bajos salarios y desmedidos aumentos de los alimentos. Además, reitera que existe un colapso en los servicios públicos, como el agua, electricidad, gas doméstico y gasolina.
Sobre la crisis general que padece el país, acotó que se ha exacerbado por el incremento de las naciones y la pandemia de coronavirus.& ;
La Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, a través de la detención de periodistas, líderes políticos, sindicales e incluso personal de salud.
Aunque Bachelet reconoció una disminución en la tasa de homicidios en 2019, mostró preocupación por el número de jóvenes fallecidos a manos de órganos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Sobre los intentos de rebelión frustrados por el Gobierno de Venezuela, entre ellos la llamada operación «Gedeón», acotó que le preocupa «el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe».
Reiteró que su Oficina sigue dispuesta a contribuir en una «negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos» para lograr solución a la crisis del país.
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