El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH- ONU) ha renovado el mandato por dos años más la Misión de «Determinación de Hechos en Venezuela». Según el consejo «la fuerza de observación ha denunciado los patrones de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores o personas consideradas opositoras por el Gobierno».
En su más reciente informe, presentado el mes pasado, recogió presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que incluyen el «encarcelamiento y torturas a menores de edad».
La resolución, impulsada por Argentina, Chile y 50 copatrocinadores, se aprobó con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones.
Los gobiernos buscan continuar la labor investigativa de la FFM sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, «incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otras, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones cometidas desde 2014. Tras terminar su primera etapa de labor, fue renovada en octubre de 2022 con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones. Esta sería su segunda extensión de mandato.
Misión de la ONU ratifica agravamiento de violaciones a DDHH en Venezuela; gobierno rechaza señalamientos
En sus informes, la FFM ha concluido que individuos de alta jerarquía han cometido “crímenes de lesa humanidad” y ha señalado al presidente Nicolás Maduro de encabezar «planes de represión», que se agudizaron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según su actualización más reciente.
Al menos 27 personas murieron y más de 2.200, entre ellas menores de edad y discapacitados, fueron detenidos en el contexto de las protestas contra los resultados electorales que dieron como ganador a Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que publicó actas y videos que demostrarían el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.
El gobierno venezolano, que no reconoció la resolución, considera a la FFM “írrita” o nula y ha asegurado que sus reportes son falsos y que pretenden lograr un cambio de gobierno en el país.
Cese inmediato de actos de intimidación y represalias
La resolución aprobada por la ONU insta al gobierno de Caracas a cesar inmediatamente todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas, abogados, defensores de DDHH y quienes han participado en el proceso electoral.
Igualmente, expresó preocupación por la » erosión del estado de derecho», así como la ausencia de independencia del sistema de justicia que «contribuyen a la impunidad» y solicitó la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria.
El texto además “exhorta a todas las partes interesadas y a los actores políticos y sociales a que no recurran a actos de violencia y represión que puedan poner en peligro la solución pacífica de la crisis venezolana”.
También pide al Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, que continúe vigilando la situación de los DDHH en Venezuela, al tiempo que insta al gobierno de Maduro a volver a cooperar “plenamente” con esa instancia, y conceda “acceso inmediato, pleno y sin restricciones” a todo el país.
En abril, el gobierno venezolano se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a permitir el regreso del ACHNUD, tras suspender sus actividades argumentando falta de imparcialidad, luego de que afirmó que la detención de la abogada experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, pudo haber calificado como una desaparición forzada.
La aprobación de la resolución ocurre poco más de un mes después de que Argentina exhortó a la fiscalía de la CPI a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia que se emitan órdenes de captura contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que, según el gobierno de Maduro, “nunca han ocurrido”.
Distintos sectores de la sociedad civil venezolana que han abogado por la extensión del mandato de la FFM, han afirmado que es “indispensable” para las víctimas en su propósito de lograr justicia.
La resolución fue condenada por países como Cuba, Rusia y Bielorrusia, que intentaron formular una enmienda que buscaba el reconocimiento del impacto directo e indirecto de medidas coercitivas unilaterales en países afectados, pero fue rechazada.
La representante de Chile ante el Consejo de DDHH sostuvo que si bien su país considera que las medidas coercitivas como las implementadas por EEUU sobre Venezuela pueden tener repercusiones negativas, ninguna sanción justifica actos de tortura.
«Las sanciones nada tienen que ver con las muertes en el contexto de las protestas, ninguna sanción podrá justificar nunca el ambiente de miedo, de represión y persecución en el que vive hoy el pueblo venezolano».
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales saludaron la decisión de la ONU. El Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), la calificó como una “victoria para las víctimas y la verdad”.