Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la ausencia de datos específicos sobre los 19,1 millones de niños y adolescentes menores de 18 años que tienen alguna discapacidad en América Latina y Caribe constituye una «deuda grande» de la región que invisibiliza a esta población y repercute en las políticas de inclusión.
«El denominador común, el desafío grande que tenemos en la región, es la recolección de datos y el análisis de estos datos, para que se base en ellos el cambio de políticas, los ajustes de políticas y las financiación que necesitan estas políticas», dijo en una entrevista la directora en temas de inclusión y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para la oficina regional de Unicef, Cynthia Brizuela.
La experta, de nacionalidad paraguaya, apuntó igualmente que la recolección de datos «es una de las deudas grandes» de la región.
En ese sentido, indicó que, en algunos casos, las agencias nacionales de recolección de datos no cuentan con módulos «para desagregar o identificar» a menores de 18 años con discapacidad «y para incluirlos en los censos».
Datos de Unicef parten de inscripciones escolares
Brizuela señaló que los únicos datos «concretos» en Latinoamérica y el Caribe se relacionan con la inscripción en centros educativos, pero aclaró que no se cuenta con «un análisis de cómo aprenden» los niños y adolescentes con discapacidad.
«En el acceso ya estamos mal, hay un déficit», alertó, al detallar que la Unicef estima que un 49 % de niños y adolescentes con discapacidad prácticamente no va a la escuela.
La funcionaria admitió, sin embargo, que el porcentaje de niños fuera de las aulas corresponde a un cálculo estimado, «sin datos contabilizados detrás».
Además, realiza un trabajo de «abogacía» y de comunicación para instar a los países a abordar el asunto de la falta de datos y que destinen mayores recursos públicos a políticas de inclusión de niños con discapacidad.
Al respecto, Brizuela hizo un llamado a la acción a los Estados para integrar y visibilizar en las políticas públicas al 49 % de los chicos con discapacidad que no asiste a la escuela, al indicar que más allá de ser un derecho, la inclusión tiene impactos económicos.
«Económicamente hablando, va a tener una carga muy grande sobre los presupuestos de los Estados si no logramos integrarlos económicamente, activamente, a una población tan grande como esa», alertó.
No obstante, mencionó algunos avances como los casos de Paraguay, Uruguay, Jamaica, República Dominicana, Colombia y Nicaragua, que han aprobado leyes para transitar de una educación desagregada para niños con discapacidad hacia una educación inclusiva, con un enfoque en el «diseño universal para el aprendizaje».
Estas iniciativas -afirmó- han permitido brindar asistencia a los docentes para que puedan adaptar los materiales educativos e incorporar propuestas como «los libros digitales accesibles» que promueve Unicef.
«Hay camino hecho, hay progreso hecho en la región, pero todavía está el tema de la invisibilidad y la desigualdad, porque aquellos que no están, están completamente invisibles de la garantía de sus derechos», puntualizó la funcionaria, quien abordó el tema de la discapacidad cuando Paraguay acoge hasta el próximo 12 de octubre los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales.
