Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Desde el 26 de agosto de este año, Roland Carreño, periodista larense, oriundo de Aguada Grande, municipio Urdaneta, viene padeciendo de una crisis hipertensiva aguda que ameritó la intervención de paramédicos este miércoles en horas de la noche en la celda de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Maripérez, Caracas, donde permanece recluido. El comunicador es uno de los 264 presos políticos que hay en el país, según Foro Penal de Venezuela. Su defensa informó que le han negado su derecho a ser trasladado a un centro de salud y a ser revisado por su médico de confianza desde que fue detenido hace 10 meses y una semana.
«El estado de salud de Roland tiene altos y bajos, varía de acuerdo a su estado anímico. Él sufre de hipertensión arterial, de hiperglucemia (diabetes), y de laberintitis, enfermedad que le puede causar mareos, pérdida de la audición, fatiga y náuseas. El martes 31 de agosto solicitamos su traslado al médico y esperamos que el juez se digne a pronunciarse», contó a LA PRENSA Joel García, su abogado.
El comunicador se desempeñaba como coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), el partido político que más dirigentes encarcelados, perseguidos o exiliados tiene. Su caso ha estado marcado por una denuncia pública que hizo Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional que domina el chavismo, dos días después de haber sido de manera violenta y sin orden judicial privado de libertad, vinculándolo con la huida del líder y fundador de esta organización política, Leopoldo López a Madrid, al abandonar la Embajada de España en Venezuela.
En transmisión por Venezolana de Televisión, Rodríguez acusó a Carreño de ser «operador financiero» de VP, con la función de distribuir recursos para promover y organizar actos de violencia en Venezuela. Además lo responsabilizó por «robar» ocho millones 500 mil dólares de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, organización creada para proporcionar asistencia humanitaria. Mostró videos, captures de teléfonos y una confesión del periodista, violando el debido proceso, porque no tuvo la posibilidad de estar acompañado de su defensa.
Joel García señaló que el fiscal del Ministerio Público no ha presentado pruebas de los delitos que se le imputan, que son conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. En caso de que fuera condenado, el periodista pudiera cumplir una pena de 25 o 30 años de prisión. A Carreño le han irrespetado sus garantías judiciales y aún así el pasado 9 de julio, el juez del Tribunal Cuarto de control con competencia al terrorismo, en su audiencia preliminar admitió la acusación del fiscal y ordenó su pase a juicio oral y público.
«La acusación hacia Roland, me atrevo a calificarla como la peor que yo he visto en mis años de ejercicio profesional y en todo el tiempo que tiene vigente el Código Orgánico procesal Penal en el país. Porque es una acusación sin fundamento. A él se le acusa de financiar el terrorismo, pero esa acusación no dice a qué grupo terrorista financia. No dice cuáles son las cantidades de dinero ni de qué banco salió. Lo acusan de conspiración y no dice a qué conspiración de refiere. Se le acusa de intentar impedir las elecciones parlamentarias del mes de diciembre, pero son acusaciones sin pruebas», exclamó el abogado García.
La defensa solicitó al Ministerio Público que citara a declarar a Jorge Rodríguez, para que explicara por qué acusó a Carreño públicamente y mostró una confesión forzada que no aparece en el expediente del caso para el momento en que sólo ocupaba el cargo de jefe de campaña política del PSUV, sin Fiscal General, ni Ministro de Interior, Justicia y Paz, pero la Fiscalía negó la práctica de esa diligencia de investigación.
Incertidumbre
El abogado, Joel García, informó que en la comandancia de la PNB donde está Roland Carreño, a veces le toca estar acompañado por personas que de manera transitoria permanecen recluidas mientras son enviadas a otros despachos policiales. No ha sido sometido a tortura física, a excepción de ser obligado a filmar varios videos donde le dictaban nombres, frases, y le hicieron un guion con lo que debía decir, violando sus derechos humanos. Le han permitido la visita de sus familiares, quienes le llevan alimentos a diario.
Desde el 9 de julio tras la audiencia preliminar, Carreño está cumpliendo una condena procesal sin juicio. «El juez debe dar un lapso prudente que va de 15 a 20 días y llevar el expediente al Tribunal de Juicio. En el Tribunal de Juicio ellos van a debatir, y vamos a tener una fase contradictoria; es decir, los abogados podemos contradecir de forma oral, incluso con público, los vicios o aseveraciones del Ministerio Público. Ese expediente todavía sigue en el Tribunal de Control. Es decir, no ha sido llevado a juicio todavía y el proceso no avanza. Tanto la Fiscalía como el juez se ponen de acuerdo para no darse por notificados a todas las apelaciones que hemos hecho, dejando el caso en una incertidumbre judicial», alegó.