Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Una investigación de Amnistía Internacional concluyó que la política de represión de Venezuela presenta una «coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes de los medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad».
«Es innegable la discriminación política con la que el gobierno de Maduro persigue a manifestantes y defensores de derechos humanos. De acuerdo con nuestra investigación, no hay dudas de la relación entre funcionarios, medios y dichos ataques», manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, según consignó un comunicado de la propia organización, así lo reseñ;ó
Y agregó: «Esta coordinación es un nuevo indicador de la práctica sistemática de represión que puede configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, y que debe ser investigado por la justicia internacional y condenado por el resto de la región».
La investigación, llamada «Represión calculada: correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», se llevó a cabo a lo largo de más de un añ;o, en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas.
Según el CDJ, desde los más altos niveles del Estado se estructuró un sistema para «desprestigiar, acusar, amenazar y señ;alar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos», a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.
Los realizadores del estudio señ;alan que, con esta investigación, se «evidenció» cómo la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado.
Además, sostienen los autores, el estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación. Este análisis mostró que mientras en 2019 el vínculo general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Al mismo tiempo, aseguraron que la relación entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varía dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones.
«Hay una vinculación más
