Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Amnistía Internacional lanzó este viernes una «acción urgente mundial», que alerta el grave riesgo que corren las ONG de Venezuela, por la discusión en la Asamblea Nacional de una ley que las regula y criminaliza, reseñ;a .
Informa Amnistía que el Parlamento de mayoría chavista retomó el tratamiento de un proyecto de ley «que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela».
Indican mediante un comunicado que «su aprobación final puede ser inminente» y que, de aprobarse, «todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal».
«Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias Se piden acciones globales para urgir enfáticamente a la Asamblea Nacional a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y a que cesen todos los ataques a la sociedad civil», añ;aden.
Amnistía Internacional consignó también una carta dirigida al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, a quien le manifiestan que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines se muestra como «un intento más de controlar, limitar y posiblemente perseguir penalmente a las ONG que hacen una contribución imprescindible a la sociedad venezolana, lo cual es especialmente grave en el contexto de unas posibles elecciones presidenciales en este añ;o 2024»;.
En el texto, le reafirman a Rodríguez que la ley en discusión contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y representa un vergonzoso esfuerzo por limitar su vital labor de apoyo a las personas más vulnerables en el país.
«Reiteramos de manera contundente nuestro llamado a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley en la Asamblea Nacional y a que garantice que se detengan todos los esfuerzos para atacar, controlar, enjuiciar o censurar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas en Venezuela, en particular de las y los más necesitados».
