El FMI proyectaba en mayo un crecimiento económico para el país de 4,2% ahora las expectativas son de contracción
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La incertidumbre política que han desatado los resultados electorales en Venezuela, dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están estrechamente relacionados con las escasas expectativas de inversión y crecimiento económico que pueda tener el país este año. Economistas señalan que si el FMI proyectaba en mayo un crecimiento económico para el país de 4,2% al finalizar diciembre, ahora las expectativas son de crecimiento cero o contracción.
Analizan lo que pasó del lunes 29 de julio al sábado 3 de agosto, cuando por las intensas protestas políticas el sector privado ha estado «semiparalizado». En algunas ciudades los comercios han cerrado toda la semana o trabajaron con personal y horario reducido y las ventas disminuyeron. «La gente va a tratar de salir y gastar lo menos posible. Quizás ante cualquier eventualidad va a acaparar cosas, comprar algunos productos esenciales en el caso de que el país se paralice completamente, que es una posibilidad. La realidad es que la situación del sector privado sigue siendo muy complicada», es lo que visualiza Jorge Piedrahita, economista argentino y CEO de Gear Capital.
Dilio Hernández, economista y doctor en Ciencias Sociales, tras analizar el discurso del presidente, Nicolás Maduro, luego de ser proclamado para un tercer mandato presidencial por el CNE, señala que la prioridad del oficialismo se centrará en mantener un tipo de cambio anclado y en seguir desacelerando la inflación, pero eso dependerá de la disponibilidad de divisas que haya en las reservas internacionales.
Hasta ahora, el tipo de cambio oficial aumentó sólo 0,13% en la primera semana poselectoral, lo que representa que se mantiene en 36.6 bolívares por dólar. Este 5 de agosto, según el portal Banca y Negocios, el BCV inyectó 80 millones de dólares en las mesas de cambio y en los siete meses que van de 2024 la intervención ha sido de 3.108 millones de dólares.
«Eso quiere decir que hay una política orientada a tratar de mantener la tasa de cambio baja, en lo que nosotros llamamos una tasa ficticia, irreal. Lo que el BCV está haciendo es inyectar dólares de las reservas internacionales que el Gobierno ha obtenido por los ingresos petroleros y la recaudación interna de los impuestos», apuntó Hernández. Considera que en agosto podrían incrementarse los precios de los bienes y servicios, si se mantienen las protestas sociales o los episodios violentos, como saqueos o daños a la propiedad privada.
La inflación que venía siendo de un 2% al mes, puede tener un salto en agosto de dos dígitos. Sin embargo, evaluando el panorama hasta diciembre cree que la inflación anual se va a mantener por debajo del 100% y la acumulada por debajo de 50%.
Sanciones cambian todo
El economista, Jorge Piedrahita, señala que la gran expectativa que tenía Venezuela tras las elecciones era el levantamiento de las sanciones internacionales. Si Estados Unidos el 10 de enero de 2025 decide no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, es muy probable que las sanciones se mantengan o incluso se apliquen más sanciones personales.
«Si Maduro continuara en el poder con el apoyo de la Fuerza Armada, pero sin presentar resultados electorales transparentes, lo que vamos a ver es básicamente sanciones de todo tipo no sólo por parte de EE. UU., sino de los europeos», exclamó. Actualmente la producción petrolera ronda los 900 mil barriles de petróleo diarios, buena parte de esa producción se sustenta en las licencias que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), en Estados Unidos ha otorgado a petroleras. Solamente la intervención de Chevron representa el 20% de la producción de crudo nacional.
«La política de sanciones también depende de quién será el próximo presidente de EE. UU. Yo creo Donald Trump sería mucho más duro que Kamala Harris; sin embargo, Kamala Harris sería más dura que lo hubiera sido Joe Biden con Venezuela», argumentó.
Si el Gobierno no cuenta con reconocimiento internacional en 2025, tampoco habrá expectativas de que se pueda reestructurar la deuda externa, que oscila en los 160 mil millones de dólares y que Venezuela no paga desde 2017.
«No ha habido ninguna negociación seria con los acreedores o bonistas. Eventualmente, el gobierno de Maduro organizó charlas con los bonistas, pero era un intento de legitimarse. Los bonos emitidos por Pdvsa y la República fueron en contratos firmados bajo las leyes del estado de Nueva York, leyes americanas. Por consiguiente, si el gobierno americano no reconoce a Maduro como presidente legítimo, hay una situación de facto que podría llegar hasta una fecha límite del 10 de enero, que es cuando se debe juramentar el presidente de la República. Mientras el tema de la legitimidad del presidente de Venezuela no se aclare, no hay posibilidad legal de reestructurar la deuda», explicó.