EFE | LA PRENSA DE LARA.- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró una disminución del 50 % en las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en el primer trimestre del 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado, recoge un informe publicado este miércoles.
El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, detalló que, aunque la cifra de ejecuciones extrajudiciales «sigue siendo alta», ha habido una reducción en los primeros tres meses de 2021, cuando registraron 472 casos, detalla un comunicado de la organización.
«El que hayan bajado no quiere decir que no siga siendo alto su número y por supuesto condenable y debemos exigir que se avance más en esta tarea», dijo.
También explicó que en el último trimestre del año pasado, luego de la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se redujeron las ejecuciones hechas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía (FAES) en aproximadamente 80 %.
«Esto, sencillamente, nos indica que si hubiese voluntad política a fondo, de evitar que en Venezuela se produzcan esos altos niveles de violaciones al derecho a la vida, es posible», apuntó.
La ONU ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro que disuelva las FAES, un cuerpo sobre el que pesan numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
El activista también informó que hay un proceso de disolución de las FAES, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro no lo ha anunciado públicamente.
Pero dijo que los funcionarios de ese cuerpo policial están pasando a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), «donde sencillamente hay un cambio de uniforme y de personas, pero sin el espíritu fundamental que debe prevalecer que es el respeto a los derechos humanos».
Provea, que realizó este monitoreo con el Centro Gumilla de la Compañía de Jesús, señala también en el informe que, durante 2020, registraron 2.853 ejecuciones extrajudiciales por diferentes organismos policiales como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la FAES.
El director del Centro Gumilla, Alfredo Infante, indicó que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, entre 18 y 30 años de edad, de sectores populares del país, «entonces pareciera que ser pobre, habitante de un barrio, es ser criminal».
Infante añadió que hay una política de discriminación por parte del Estado y que la mayoría de las versiones oficiales sobre estos hechos es la de un «enfrentamiento» entre bandas armadas.
DESPLAZAMIENTO POR VIOLENCIA
Alvarado también informó que Provea ha registrado casos de desplazamiento en distintas zonas del país por los altos índices de violencia.
Recordó que en el estado Apure, tras un conflicto entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las FARC, cerca de 6.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y huir a Colombia.
Situaciones similares, dijo, se están dando en los estados Zulia y Miranda, así como en sectores populares de Caracas como las barriadas de La Vega y Petare.
«La Vega, que llegó a ser receptora de familias que venían de la zona de Barlovento y otros sectores del país, hoy está expulsando a buena parte de su población que está huyendo de los altos índices de violencia», sostuvo.
Fuente: EFE