Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El martes 8 de junio, un centro comercial al oeste de Barquisimeto, fue visitado por una juez de un tribunal en representación de Fospuca, para aplicar un embargo «preventivamente» a las instalaciones del condominio del lugar. Tras imponer una deuda superior a 70 mil dólares. Monto que, según informó Juan Pablo Pérez, director tesorero de la Cámara de Comercio de Lara, representa la suma de 18 meses de recibos con tarifas que a la fecha gremios económicos no han acordado ni con la alcaldía ni con Fospuca, por lo que sostienen que la confiscación de activos es una medida «coercitiva, sin justificación».
En cuatro reuniones que representantes de las cámaras económicas tuvieron con Imaubar y representantes de Fospuca el año pasado, el único acuerdo alcanzado es que el servicio se iba a cancelar hasta diciembre de 2019. Los montos de 2020 y lo que va de 2021 se iban a pagar una vez la empresa municipal presentara una estructura de costos realista. «En noviembre nos hicieron llegar un tabulador y en discusiones los empresarios demostramos que los montos eran demasiado inflados para asumirlos, y que si se imponían estarían decretando la quiebra de muchos negocios», comentó. Precisó que lograron que las tarifas se rebajaran 50 % en esa oportunidad, aunque seguía siendo demasiado elevadas.
Desde 2019, Imaubar ha calculado la tarifa del aseo urbano de acuerdo a los metros cuadrados que midan las industrias y comercios, no a la cantidad de desechos que generen al mes, si las empresas están paralizadas igual se les acumula una deuda.
También se reunió en mayo de este año con el abogado Alejandro Graterol, representante de Fospuca para lograr un acuerdo, por lo que sostienen que el embargo del condominio de un centro comercial es unilateral y echa por tierra las conversaciones sostenidas, representando una amenaza de que más empresas podrían ser embargadas hasta cancelar los montos impuestos.
«Queremos reunirnos con el alcalde Luis Jonás Reyes, porque es su responsabilidad la recolección de los desechos sólidos en Iribarren. Queremos cancelar una tarifa justa del servicio del aseo para que no colapse la ciudad, pero es necesario que entienda que esta medida representa la quiebra de muchas empresas, o la migración del aparato productivo a estados vecinos donde los impuestos y servicios son más económicos», expresó.