Expertos sostienen que es una violación al estado de derecho y a la Constitución
Jhonny Pérez | LA PRENSA DE LARA. – Una vez conocida la inhabilitación de diez alcaldes, ocho del estado Trujillo y dos de Nueva Esparta, y la detención de dos burgomaestres del estado Táchira, el politólogo Mario Perdigón afirmó que el acto no cumple con los parámetros legales para destituir de cargos públicos a los mandatarios y más aún cuando estos han sido elegidos por medio de votación popular.
«No es un acto democrático y todos debemos rechazarlo no puede ser que tu no tengas la libertad de decir a quien vas apoyar y cual es tu postura política, lo democrático es que tú libremente apoyes a quien tu quieras y a quien te parezca, independientemente de tu forma de pensar, en la democracia es fundamental el pluralismo» expresó Perdigón.
El experto también manifiesta que el acto de inhabilitar no cumple con lo que reza el articulo dos de la constitución de la república, Constitución que además ha sido redactada por el ejecutivo nacional en 1999, en la que reza que «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación» destacando que este tipo de acción solo busca crear un ambiente tenso y de desmotivación en los electores para promover la abstención para las elecciones del próximo 28 de julio.
Acción Irregular
El Jurista Jorge Rossel explica que desde el punto de vista legal se trata de una reacción ilegal ya que para poder suspender algún funcionario elegido popularmente, como lo es un alcalde, se debe seguir una serie de procedimientos.
«Antes de hacer pública la inhabilitación se tuvo que haber formalizado una denuncia sobre cualquier hecho, luego notificar a los implicados la razón por la cual deben ser destituidos y dar continuidad al debido proceso disciplina que corresponde, cosa que no se ha hecho pues el CNE de un solo plumazo lo decidió de esa manera» explicó Rossell.
Los alcaldes ya se han pronunciado por las diversas plataformas digitales afirmando que ellos aún no han sido notificados de ningún procedimiento en su contra y consideran arbitraria la medida.