Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Desde 2018 los trabajadores de todos los niveles del sector público han registrado un retroceso en el pago de sus beneficios salariales establecidos en las convenciones colectivas, que son acuerdos que regulan las condiciones de trabajo, los medios para solucionar los conflictos y la protección de los trabajadores y sus familias. Cada tres añ;os eran discutidos, actualizados y firmados entre federaciones sindicales y el Gobierno venezolano. Se trata de luchas laborales alcanzadas en algunos sectores desde hace más de 60 añ;os, establecidas en la Constitución y la Ley del Trabajo, y que en el último lustro han quedado como letra muerta para el presidente, Nicolás Maduro, según denuncian gremios.
Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento (Fetracemento), indicó que la última estocada que han recibido en el sector público es la propuesta que a inicio de mayo hizo Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), ante el Ministerio del Trabajo, que habla de «estandarizar» las convenciones o contrataciones colectivas.
«Nos imaginamos que ahora no solamente el Gobierno va a desaparecer las convenciones colectivas, sino que van a tratar de hacer una sola convención para todo el país, un solo instrumento de discusión de beneficios de los trabajadores», dijo Chirinos. El término ha generado especulaciones y dudas en todos los niveles de la administración pública porque lo que ha ocurrido es la desmejora de sus beneficios.
«Comenzaron en 2018 con el Memorándum 2792 que firmó el Ministerio del Trabajo que determinó el salario mínimo como arranque de las escalas salariales y prácticamente fijó una sola tabla salarial para todo el sector público. Las nóminas, además se centralizaron a través del Sistema Patria. En marzo de 2022 fue un segundo golpe con la creación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), instrumento que disminuye los porcentajes de las primas salariales en las convenciones colectivas», informó Chirinos. En el caso de los trabajadores del cemento, la última convención colectiva que se discutió fue en 2008, cuando se nacionalizó la industria del cemento.
Euribiades Verdú, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que para los docentes ese instructivo Onapre, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó el 7 de septiembre de 2022 que era «inexistente», se sigue aplicando, porque rebana el 50% del pago de las primas laborales.
El sector educación es el único que hasta ahora ha tenido una discusión abierta con el Gobierno por la aprobación de la Tercera Convención Colectiva Única Y Unitaria de los Trabajadores de la Educación. «Las discusiones iniciaron en enero de 2022 y cesaron en diciembre, sólo logramos aprobar el 40% de la convención». Las conversaciones quedaron cesantes cuando el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación se levantaron de la mesa de discusión.
«¿;Qué fue lo que pasó?, la Ley del Trabajo dice que uno no puede pasar más de un añ;o discutiendo una convención colectiva, nosotros teníamos 11 meses de discusiones. En diciembre las conversaciones cesaron. Llegó enero 2023 e introdujimos un oficio ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, para solicitarle al Ministro del Trabajo y a la Ministra de Educación que por ley no podían dejar arbitrariamente las conversaciones de una convención colectiva. No obtuvimos respuesta de ninguno de los dos. Llegó mayo, el Gobierno crea un aumento de los bonos y no del salario y en eso andamos. Esas discusiones no se han vuelto a retomar», comentó.
La convención colectiva de los trabajadores de la educación se venció en 2020, y actualmente el Gobierno incumple más del 90% de sus cláusulas, comenzando por los aumentos salariales en bolívares que debieron decretarse cada tres meses, según firmó el exministro de Educación, Elías Jaua Milano. «El ministro Jaua reconoció en aquel momento que la inflación iba a comenzar a subir sin control en Venezuela y que por eso cada tres meses se tenía que revisar el salario. En la práctica eso se llama indexación, pero en aquel tiempo el ministro nos dijo el Gobierno no acepta esa palabra, por lo tanto no la pudieron colocar en la convención, pero sí vamos a afirmar que se revise el salario cada tres meses», explicó. Verdú señ;ala que eso nunca lo cumplió Maduro que ahora acumula una deuda del 280% del salario de los educadores.
Acaban con mérito
Para Robert Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), lo que ha hecho el Gobierno ha sido acabar con el mérito de tener una profesión en Venezuela, porque en los últimos añ;os la diferencia salarial entre un obrero y un trabajador con estudios de posgrado o doctorado en las nómina del Estado es mínima. «Si se aprueba una estandarización de las convenciones colectivas se terminará de destruir la carrera funcionarial, porque ya no habrá distinción entre un técnico, el que es médico, abogado, todos recibirán la misma bonificación, los mismos beneficios laborales», mencionó.
Afirma que en el caso de la Gobernación de Lara, los trabajadores de las diferentes instancias tienen un salario base mensual equivalente a 5 dólares. «La diferencia entre lo que gana un técnico y profesional son mínimas, uno o dos bolívares, porque todos los salarios gravitan en el salario mínimo. Yo tengo 33 añ;os de servicio como especialista en Recursos Humanos y prestaciones sociales del sector público, he hecho varios diplomados y lo que gano son 170 bolívares al mes. Todos los trabajadores de la administración pública tenemos que recurrir a trabajos extras para sobrevivir», apuntó.
