Maryerlin Villanueva | La Prensa del Táchira.- Una privatización «silenciosa» se ha venido gestando ante la ineficiencia y la poca capacidad que tiene el Estado de sostener lo público en buen servicio
La ineficiencia del funcionamiento de los servicios públicos en el estado Táchira, ha llevado a que los andinos tengan que repagar por los mismos gestándose así una «privatización silenciosa» de lo público a través de empresas privadas que abiertamente ofrecen el servicio en divisas.
Así lo confirma el economista Aldo Contreras, quien indicó que el Gobierno lleva a cabo una privatización «silenciosa» y «selectiva» de los servicios a través de empresas paralelas, ante la incapacidad de poder mantener aquellos subsidios que han tenido por años el gas, el combustible, la luz, el agua, entre otros.
Esto representa un golpe al bolsillo de las personas, quienes ven cuesta arriba sacar altas sumas de dinero para poder cancelar el costo de los bienes porque muchos de ellos no reciben un sueldo en divisas. Ante esto, el especialista en economía consideró que en el estado Táchira se ha institucionalizado un salario en 60 dólares o lo equivalente a 220 mil pesos, el cual es percibido por el 20% de los ciudadanos en la región.
Según el censo de 2011, la entidad cuenta con 1 millón 255 mil 896, de los cuales se estima que 300 mil emigraron hacia Colombia y otras naciones, quedando menos de un millón. «De esos, 300 mil estarían en San Cristóbal y sólo un 30% se cree que tiene un salario en divisas, el cual no supera el sueldo estipulado en estándares internacionales que es de 300 dólares mensual», refirió el experto.
Afirmó Contreras que con esto se abre aún más la brecha de desigualdad en la población, donde una persona pensionada o que gane un salario máximo de 10 dólares al mes no pueda acceder a ciertos servicios debido a su costo. A su juicio, la población activa de la administración pública que es 14 millones de ciudadanos se encuentra en situación de pobreza.
«El estado Táchira tiene dos realidades distintas. Están quienes sí pueden pagar por servicios públicos «privatizados», y quienes su presupuesto no les alcanza para ello».
La señora Nora Bustos, quien se dedica a la venta de café y chocolate en el sector de Barrio Obrero, le ha tocado repagar el gas. Ha pagado más de 30 mil pesos por una bombona de gas de 10 kilos. «Nos toca repagarla porque a mi zona no llega el gas desde hace tiempo y pues lo necesito para salir a trabajar todos los días, para tener el dinero y poder comprar la comida de mi casa», dijo. De acuerdo a Gas Táchira, el valor protegido (CLAP) para una bombona de 10 kilos es de 40 mil bolívares; la de 18 Bs. 72 mil; 27, Bs. 108 mil; 42, Bs. 172 mil. El plan unicipal tiene un costo para un cilindro de 10 kilos Bs. 420 mil; 18, Bs. 756 mil; 27, Bs. 1 millón 134 mil; 43, Bs. 1 millón 806 mil.
Mientras tanto, María Zambrano, quien reside en un edificio de la ciudad capital, destacó que poco dura el gas a granel en su residencia, por lo cual vecinos se han visto obligados a recurrir a Muferca (empresa privada del gas), donde los costos en pesos son mayores. «Nos toca reunir el dinero para que el camión vaya y nos surta. Es la única manera para tener gas en el edificio, cuando no hay, nos toca preparar los alimentos con cocinas eléctricas y esto representa un peligro por los accidentes que se han presentado».
Deficiencias Para el sociólogo Nelson Fréitez, desde hace cinco años el Estado venezolano padece un progresivo colapso de sus capacidades institucionales para garantizar la provisión de los servicios públicos, ya que las empresas del nivel central están en una condición deplorable debido al deterioro de infraestructura, equipos, y mano de obra calificada.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de la ONU, 5 millones de venezolanos se han ido del país, éxodo en el cual se ha dado la fuga de grandes profesionales que laboraban en instituciones públicas.
El experto resaltó que los controles ejercidos por más de dos décadas han generado que los entes públicos no hayan realizado «autogestión» y tampoco obtenido los recursos necesarios para cubrir los costos operativos, quedando en ruinas y sin esperanzas de una pronta recuperación.
«Hemos visto que en medio de la crisis las personas tienen que satisfacer sus necesidades, cuyas carencias han sido una oportunidad para nuevas ofertas de servicios que pueden hacer tanto entes privados, públicos o de países vecinos, ya que el Gobierno no está en la capacidad de atender lo que demanda la población», indicó.
Internet extranjero
Un ejemplo de ello es el taxista Juan Zambrano, quien optó por adquirir un servicio de internet colombiano ante las interrupciones que registra de forma constante Cantv en la ciudad. Paga por el servicio extranjero 9 dólares. «Necesitamos internet para poder mantenernos comunicados y la única opción que se presentó fue poner el de Colombia, esto porque es mucho más rápido y eficiente, todo lo contrario al que tenemos aquí», dijo.
El servicio colombiano puede costar entre 10 y hasta 30 dólares al mes; la instalación 200; mientras que el nuevo servicio de fibra óptica y cobre con tecnología Gpon de Cantv, denominado Aba Plus, tiene un precio de instalación de 24,98 dólares o lo que es igual a 9 salarios mínimos.
De acuerdo a un estudio efectuado por el Observatorio de Servicios Públicos realizado el pasado mes de enero de 2021, con una muestra de 7 mil 500 personas correspondientes a 12 ciudades, entre ellas San Cristóbal, se evidenció que el 58% de los entrevistados presenta fallas de internet todos los días.
En esta localidad, el 70% tiene Cantv en sus hogares. «Colaboraciones» En medio de la crisis que se agravó con la llegada de la pandemia, por algunos servicios la colectividad debe brindar ciertas «colaboraciones» o trueques a los trabajadores de las empresas públicas, para que funcionen con regularidad.
Tal es el caso de Jean Jaimes, docente, quien indicó que en su comunidad los vecinos tuvieron que hacer colectas para dárselas a los trabajadores de la empresa hidrológica, con el fin de incentivarlos para el arreglo de las tuberías. «Toca hacerlo así porque, según ellos no ganan suficiente por lo que nos tocó reunir más de 200 mil pesos para darles y así solucionar el problema», acotó.
Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, donde los residentes han te?nido que comprar los transformadores o colaborar para ello, cuyo costo en el mercado va desde los 2 mil hasta los 5 mil dólares. «En todos los barrios ocurre lo mismo y eso no es secreto para nadie, a eso tuvimos que llegar ante la falta de dinero por parte de esos organismos», agregó.
La comerciante Esperanza Salas opinó que a pesar que el Ejecutivo implementó el sistema 7+7, en el que por dos semanas los negocios no pueden laborar, los recibos de luz continúan llegando con un monto bastante alto a pesar que no abren sus puertas por 15 días. «La luz subió mucho, especialmente en el sector comercial, pues no se justifica lo que se paga por el servicio tan pésimo que ellos han venido ofreciendo hasta ahora», añadió.
En cuanto al aseo urbano, el comerciante Eduardo Fernández manifestó que no sólo paga el servicio ante la alcaldía, también deben brindar colaboraciones de dinero o productos de la canasta alimentaria a quienes recolectan la basura, de lo contrario no se llevan las bolsas. Enfatizó que es necesario que sean ajustados los precios, pero que estén acordes a la realidad del país
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