Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela no está investigando y no lo hará, así lo afirmaron las víctimas por crímenes de lesa humanidad y sus familiares, cuando representantes del Gobierno reconocen que la mayoría de los casos siguen impunes. Apenas un 4% tiene condenas en procesos judiciales de hasta 9 años. Sienten más cerca esa posibilidad al estar amparados por la Corte Penal Internacional (CPI), lo que podría concretarse a más tardar a principios de 2024.
Los afectados junto a defensores de derechos humanos cuestionan que en la segunda audiencia de apelaciones de la CPI se comprobó que la mayoría de los 124 incidentes presentados no llegan a la fase intermedia, menos a la acusación formal. Probaron que de 62 casos, 47 siguen sin identificar a los autores materiales y las 5 condenas que han dictado los tribunales en Venezuela sólo recaen en 14 funcionarios públicos. Todo sin hurgar en las responsabilidades de la cadena de mando.
«No hay voluntad de sancionar, de investigar», considera Alí Daniels, director de la organización «Acceso a la justicia», al analizar un escenario de mayores competencias para la CPI, para que el propio fiscal, Karim Khan, esté habilitado. Una posibilidad que podría darse a finales de este año, debido a la falta de intención del gobierno de Venezuela de administrar justicia.
Esa es la esperanza que mantiene en pie a víctimas y familiares, al ver más cercana la oportunidad de que se presenten los casos con todos sus argumentos, junto a los nombres y apellidos de los responsables.
Puede ampliar esta información en nuestra edición impresa de este viernes 10 de noviembre.