La abrupta detención del diputado Freddy Guevara, la cual rechazamos y condenamos, es una de la últimas acciones de la dictadura en contra de los derechos ciudadanos, por cuanto el mismo no ha cometido ningún hecho que pueda ser calificado como delictivo, a no ser que sea producto de la manipulación y judicialización de la política en donde se inventan expedientes para justificar secuestros, detenciones y muertes.
Mientras esto ocurre en el ámbito nacional en donde el psiquiatra Jorge Rodríguez anuncia una cacería de brujas en contra de otros dirigentes opositores, en el estado Lara el Fiscal Superior BEIKER ALI PABON GÓMEZ, ordena el martes13 de este mes a los funcionarios de la Guardia Nacional que impidan suministremos declaraciones a los medios de comunicación en la acera norte del edificio de la institución, es decir fuera de la Fiscalía, en relación con el fusilamiento por parte del FAES del joven deportista EDWIN PÉREZ& ;
Mal encarado, con el pelo lleno de gomina y corte degradado salió en una camioneta, mirando enfurecido hacia donde declarábamos, con destino desconocido, siendo seguido por funcionarios en traje deportivo en otro vehículo montañero, dejando detrás una familia que reclama justicia, porque su hijo fue ejecutado el 8 de este mes y hasta ese momento no estaba abierta la averiguación, a pesar que fue notificada, por un tecnicismo burocrático reducido a la asignación de un código. Mientras, a Freddy Guevara en un día le imputan cuatros delitos inexistentes y lo detienen violentamente.
Todo esto a pesar de tener expedientes en los despachos fiscales sobre ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, secuestro, extorsión, corrupción y cobro por vacunas contra el COVID, por parte del FAES y otros funcionarios, identificados sus autores y no ha sido posible que los detengan por la protección política, lo cual contrasta con el secuestro y desaparición forzada del Diputado Freddy Guevara.
Siendo el Ministerio Publico uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en un país democrático, conjuntamente con el Poder Judicial y la Defensoría y que ocurran hechos contrarios a sus funciones sin que el mismo responda por la protección de las víctimas y de los testigos, actuando en forma servil del régimen podemos decir que en Venezuela no hay estado de derecho.& ;
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